Revista de Derecho Ambiental

La unidad ecosistémica del área declarada del humedal urbano: Anotaciones de las sentencias 56/2022 del Tercer Tribunal Ambiental y 18.509/2024 de la Corte Suprema chilena

Marcelo Alvarado Lincopi — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

En este artículo se destaca que la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental en el caso del humedal ‘‘Lo Poza y Delta de Trancura’’ (Rol N°56/2022) estableció el concepto de «unidad ecosistémica» para la solución de dificultades jurídicas a través de criterios materiales. En el estudio se afirma que esta categoría resuelve dos problemas clave: por un lado (i) la delimitación del humedal urbano, basada en rasgos ecosistémicos, y por otro (ii) la extensión del área declarada, justificada si la superficie rural mantiene interconexión hidrológica y biológica con la superficie urbana, conforme a los criterios mínimos de sustentabilidad del Reglamento de esta ley. El principal hallazgo de la investigación se basa en la configuración de un verdadero estatuto normativo de la «unidad ecosistémica» que permea la etapa declarativa a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, así como la etapa de gestión y manejo de los humedales urbanos declarados, y que está contenido por las disposiciones de la la Ley de Humedales Urbanos y su Reglamento.

Marco normativo de obligaciones estatales para la rehabilitación hídrico-ambiental en México: Sistematización desde el enfoque de derechos humanos

Irvin Uriel López Bonilla, Hugo López Rosas — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

La contaminación hídrica constituye una de las principales amenazas al derecho humano a un medio ambiente sano en México y la región iberoamericana. Este estudio tiene como objetivo identificar y sistematizar las obligaciones estatales derivadas del marco normativo mexicano para garantizar la rehabilitación de zonas hídricas contaminadas, utilizando el método de desempaque de derechos humanos desarrollado por Serrano y Vázquez (2021). Mediante un análisis dogmático y exegético de 42 textos normativos del bloque de constitucionalidad mexicano —incluyendo la Constitución, 16 instrumentos internacionales, 17 leyes federales y 9 criterios jurisprudenciales—, se identificaron 65 obligaciones específicas exigibles al Estado. Los resultados revelan que el 44.6% de estas obligaciones se concentran en aspectos técnicos e institucionales, mientras que el 20% se orienta a la reparación directa de daños ambientales. La sistematización evidencia que, aunque México cuenta con un marco normativo robusto, predomina un enfoque reactivo-reparativo sobre la prevención primaria. Se concluye que las personas afectadas por contaminación hídrica disponen de un catálogo amplio de conductas estatales exigibles, pero su efectividad práctica requiere fortalecimiento institucional y mayor coordinación intergubernamental. El estudio aporta una metodología replicable para el análisis de obligaciones ambientales en otros contextos iberoamericanos.

El impacto de la sustentabilidad en el principio de adaptabilidad de la actividad de servicio público

Flavio Quezada — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

El presente trabajo constituye una propuesta dogmática que pretende aportar a la incorporación en la reflexión doctrinal del derecho administrativo chileno el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el derecho ambiental nacional, en concreto, la comprensión del desarrollo sostenible como un principio constitucional. Si bien se elabora desde la dogmática jurídica, no se renuncia a incorporar aportes de otras disciplinas como también las elaboraciones doctrinales de derechos extranjeros que son considerados de referencia para este tema. Una importante expresión del principio constitucional de desarrollo sostenible es su incorporación como una dimensión de otro principio tradicional y propio de la actividad de servicio público: la mutabilidad o adaptabilidad. Para explicar este problema, se expone brevemente en qué consiste aquella actividad como el origen y alcance de dicho principio, el cual constituye un elemento central de su régimen jurídico general. Luego se sistematiza la jurisprudencia nacional más relevante sobre el desarrollo sostenible y se enfoca especialmente en su impacto en las exigencias de adecuación constante o permanente de los servicios públicos a las cambiante necesidades públicas. Acto seguido, se expone su expresión en el principio de precaución y la adaptación climática. Por último, se ofrecen las conclusiones que se siguen de esta propuesta.

La aplicación del principio de no regresión ambiental en la producción normativa peruana: reflexiones y propuestas a partir del Caso Habitantes de La Oroya vs. Perú

Juan Carranza — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Habitantes de La Oroya vs. Perú ha evidenciado la relevancia de la aplicación del principio de no regresión ambiental, declarando por primera vez la responsabilidad internacional de un Estado por la adopción de una medida regresiva en la protección del medio ambiente sin justificación suficiente. Este fallo subraya la necesidad de que el ordenamiento jurídico peruano incorpore explícitamente dicho principio, derivado de la obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos y conectado con otros pilares del derecho ambiental. Actualmente, su falta de positivización y de criterios claros para su observancia en un contexto de profusa producción normativa ambiental incrementa el riesgo de retrocesos en la protección ambiental y de responsabilidad internacional. El presente artículo analiza los fundamentos del principio de no regresión, el estándar de justificación exigido por la Corte IDH a partir del caso La Oroya, y la necesidad de su incorporación expresa en la legislación peruana. Se argumenta que dicha positivización, idealmente en la Ley General del Ambiente, no solo otorgaría seguridad jurídica, sino que también reduciría costos de transacción en el proceso normativo. Con base en ello, se propone un diseño de “test de regresividad ambiental” para ser aplicado preventivamente en la producción de normas. Finalmente, se examinan los desafíos para su implementación efectiva en el Perú, como las presiones económicas y debilidades institucionales, y se introducen estrategias clave para asegurar la tutela ambiental ascendente y sostenida.

¿Contribuye la Participación Ciudadana Temprana a disminuir los conflictos socioambientales en el marco de la evaluación de impacto ambiental?

Paula Gajardo, José Adolfo Moreno Correa — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

El presente artículo explora si la Participación Ciudadana Temprana (PCT) contribuye a disminuir los conflictos socioambientales en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile, particularmente en el caso de proyecto de desarrollo minero. Los conflictos socioambientales a menudo se materializan en la judicialización de proyectos de inversión. La judicialización implica diversos costos para las empresas titulares de tales proyectos, tales como extensos periodos de tramitación, retrasos en la ejecución de los proyectos, costos de oportunidad, entre otros. Asimismo, acarrea costos para las comunidades involucradas, tales como pérdida de cohesión, identidad, detrimento en la calidad de vida y la salud, entre otros. La literatura especializada y la escasa normativa sobre la materia, apuestan por que una participación más temprana, incidente e inclusiva podría reducir la conflictividad y sus costos, otorgando mayor legitimidad a las autorizaciones ambientales. En este sentido, se espera que la PCT contribuya a mejorar los proyectos, reduzca conflictos y fortalezca la relación empresa-comunidad. Sin embargo, una revisión de casos prácticos en proyectos mineros ingresados vía Estudio de Impacto Ambiental, con posterioridad a 2013, muestra que, aunque la mayoría afirmó haber realizado PCT, esto no resultó suficiente para desincentivar la judicialización. A pesar de esto, se reconoce el valor de la PCT para contribuir al desarrollo capital social y empoderamiento comunitario, y puede mejorar la posición de los titulares en casos de judicialización. Se propone que, para ser más efectiva en la prevención y gestión de conflictos a largo plazo, la PCT debiese orientarse a la construcción de acuerdos vinculantes (como CDAs o IBAs) entre titulares y comunidades, con reconocimiento estatal y mecanismos robustos de gobernanza y de resolución de controversias.

Derecho ambiental y buenas prácticas ambientales en espacios portuarios: Reflexiones sobre la relación puerto-ciudad en Ecuador

Alvaro Javier Piriz Smith, Angie Estefanía González Pacheco — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

La actividad portuaria concentra beneficios económicos, logísticos y urbanos, pero también genera una serie de riesgos jurídicamente relevantes para el entorno, por ejemplo, al agua, los ecosistemas marino-costeros y la calidad de vida de las comunidades situadas en la zona de influencia del puerto. El objetivo de este trabajo es examinar, desde una perspectiva jurídico-descriptiva y crítico-reflexiva, el régimen ecuatoriano aplicable a las buenas prácticas ambientales en espacios portuarios, con énfasis en la protección del agua, la responsabilidad administrativa y penal, los estándares interamericanos de derechos humanos, los instrumentos internacionales de prevención de la contaminación marina y la relación puerto-ciudad. La metodología empleada es cualitativa, basada en revisión bibliográfica, análisis normativo directo y examen jurisprudencial. Se sostiene que las buenas prácticas ambientales no deben ser comprendidas únicamente como recomendaciones voluntarias de gestión, pues adquieren obligatoriedad cuando son incorporadas en normas, permisos ambientales, planes de manejo, estándares técnicos, contratos de concesión o deberes de diligencia exigibles por la autoridad competente. El artículo concluye que el derecho ambiental ecuatoriano ofrece una base normativa relevante para ordenar preventivamente la actividad portuaria, aunque requiere mayor coordinación institucional, desarrollo jurisprudencial específico, indicadores portuario-ambientales y mecanismos de cumplimiento que eviten reducir la tutela ambiental a respuestas sancionadoras posteriores al daño.

De la discrecionalidad del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en la identificación y delimitación de humedales en el Inventario Nacional de Humedales

Camila Lübbert Carvacho, Gabriel Bustos — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

El artículo tiene por objeto abordar la discrecionalidad que tendrá el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para identificar y delimitar humedales en el Inventario Nacional de Humedales, así como los límites jurídicos que condicionan el ejercicio de dicha potestad. Para ello, se analiza la naturaleza jurídica del inventario establecido en el artículo 39 de la Ley 21600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante un examen gramatical de las disposiciones pertinentes, que se complementa con un análisis técnico a partir de los lineamientos de la Secretaría Ejecutiva de la Convención de Ramsar y una breve referencia a experiencias comparadas. Asimismo, se examina la historia de la Ley 21600, en lo relativo al inventario y su relación sistemática con el marco normativo de la protección de humedales en Chile, especialmente respecto de los efectos jurídicos asociados a este instrumento. Sobre esta base, se estudian las competencias entregadas al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para luego determinar la existencia de una potestad reglada para identificar humedales en el inventario, que debe aplicar una discrecionalidad técnica para revisar si un ecosistema determinado cumple con la definición legal para inventariarse como humedal, así como para fijar su delimitación. Finalmente, se presentan las conclusiones, que resumen los aspectos relevantes del trabajo, y se esbozan interrogantes respecto a la discusión jurídica en torno a este nuevo instrumento de conservación de la biodiversidad.

Reducción de plásticos de un solo uso en la contratación pública verde: un ámbito de confluencia entre el Derecho ambiental y el Derecho administrativo económico

Cristian Andrés Díaz Díez — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

La contratación pública estratégica es un instrumento útil para mitigar la contaminación ambiental. Como muestra de ello, actualmente, en Colombia, la Ley 2232 de 2022 establece que las entidades estatales y los particulares que ejercen función pública, en su actividad contractual, deben implementar estrategias para reducir la producción y adquisición de plásticos de un solo uso. Esta medida legislativa es un supuesto de intersección entre el Derecho ambiental y el Derecho administrativo económico, porque incorpora directrices para que la compra pública sea sustentable. El objetivo de este artículo es explicar la prohibición y los mandatos asociados a la disminución de estos polímeros en la contratación pública verde. La hipótesis de la que se parte es que la reducción de los plásticos de un solo uso contribuye a alcanzar el desarrollo sostenible en la adquisición de bienes y servicios del Estado. Sin embargo, se indican los retos a afrontar para que este objetivo se cumpla eficazmente. El trabajo se sirve de una metodología de investigación documental, que complementa el análisis dogmático de la normativa con información científica y doctrina jurídica, para comprender los factores que han contribuido a la configuración de la economía circular, como política horizontal, en las compras públicas.

Extracción de especies de flora y funga en ecosistemas nativos como productos forestales no madereros: Análisis desde el ordenamiento jurídico chileno

Nicolás Valdés Pérez, Renzo Andrés Tapia Fernández — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

En Chile, la recolección y extracción de especies de flora y funga es una práctica común entre las comunidades locales, constituyendo una fuente significativa de alimentos sustentables y de ingresos económicos. Sin embargo, existen especies recolectadas que, a propósito del instrumento de clasificación de especies del artículo 37 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, no han sido evaluadas a nivel nacional según su estado de conservación o que encontrándose clasificadas como especies en peligro crítico, en peligro, vulnerables, casi amenazadas o datos insuficientes, son extraídas sin contar con antecedentes necesarios que permitan gestionar su protección. En este contexto, es importante distinguir que, si bien la extracción de dichas especies a escala local representa una actividad económica a priori de bajo impacto para los ecosistemas, en principio esta y otras prácticas pueden llegar a transgredir normas que buscan la protección y conservación de la diversidad biológica. El presente artículo tiene por objeto responder a la pregunta ¿de qué manera el ordenamiento jurídico en Chile regula la extracción de especies de flora y funga en el marco de la extracción de productos forestales no madereros en ecosistemas nativos y cuáles son sus implicancias? Para responder a estas interrogantes, se analizará el conflicto relativo a la extracción de especies consideradas productos forestales no madereros, examinando aquellas normas prohibitivas y vacíos legales sobre extracción de especies, el estado de conservación de las mismas, así como los diferentes instrumentos de gestión ambiental que podrían abordar tal problemática.

Edgar Morin y la reforma ecológica del pensamiento

Pilar Moraga — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

La obra de Edgar Morin constituye un referente fundamental para comprender los desafíos epistemológicos que plantea la crisis ecológica contemporánea. A partir de su concepto de pensamiento ecologizado, este editorial sostiene que la principal contribución de Morin radica en haber cuestionado el paradigma de simplificación que ha dominado el conocimiento moderno y en haber propuesto, en su lugar, una comprensión compleja de las relaciones entre sociedad y naturaleza. Esta perspectiva adquiere especial relevancia para el derecho ambiental al poner de manifiesto la insuficiencia de las categorías jurídicas fragmentadas frente a fenómenos sistémicos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el daño climático. En este contexto, el legado de Morin invita a repensar los fundamentos del derecho desde la interdependencia ecológica, la incertidumbre y la dimensión planetaria de los problemas ambientales como condición para construir respuestas jurídicas acordes con la complejidad del siglo XXI.